Javier de Lucas advierte en su libro Mediterráneo, el naufragio de Europa que “los estados europeos han encontrado en los atentados reales un argumento para crear un estado de excepción permanente”, pese a que el Convenio de Ginebra de 1951 les concede un estatuto pleno. Para este profesor del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, se están incumpliendo deberes jurídicos con los refugiados. Y denuncia que la UE tiene “una política que supone estar en guerra contra los inmigrantes ‘ilegales’, que considera una amenaza para la soberanía”. Se puede hacer otra política migratoria. “Hay un montón de informes”, indica el catedrático de Filosofía del Derecho, “lo que pasa es que eso no entra en el tiempo de los políticos que viven solo con el horizonte de la próxima campaña electoral”. De Lucas invita a la sociedad civil, vecinos, organizaciones vecinales, municipales y voluntarios, a asociarse para ayudar, por ejemplo, con medidas de mediación. “Podemos y debemos no cansarnos de denunciar, informar y explicar”.
Usted habla del naufragio de la idea nuclear del proyecto europeo, que es la defensa y reconocimiento del Estado de Derecho
En el libro Mediterráneo, el naufragio de Europa (Tirant Le Blanc), que acaba de sacar su segunda edición, en el que explico mi tesis de que Europa está naufragando, los principios morales, los ideales políticos y, sobre todo, la concreción jurídica que está en el núcleo del proyecto de la UE. Lo más valioso del proyecto europeo es la idea de la expansión del Estado de Derecho al servicio de la garantía y el reconocimiento efectivos de los derechos humanos. Yo creo que la política de inmigración y refugio son el test más claro del proyecto europeo. Ya sé que la UE nace con un proyecto de creación de un espacio de libre mercado y libre circulación de personas y mercancías. Pero no es menos cierto que evolucionó a un espacio de libertad, justicia y seguridad, y que en su corazón sí que estaba esta idea de la expansión y fortalecimiento del Estado de derecho al servicio de los derechos fundamentales.
¿Europa está creando un estado de excepción?
Yo he sostenido dos tesis que no son originales mías. Una es que Europa ha creado un estado de excepción permanente como base delstatus jurídico de inmigrantes cuando sorprendentemente los refugiados tienen un estatuto pleno que les concede el Convenio de Ginebra de 1951, del que todos los estados son miembros. A diferencia de la Convención de Naciones Unidas de 1990 sobre derechos de los trabajadores inmigrantes, que los estados europeos se niegan a ratificar. Hay que hablar de deberes jurídicos que los estados están incumpliendo con respecto a los refugiados. Además están incumpliendo una obligación básica que sería ratificar esa convención de Naciones Unidas que está en vigor.
¿Hay un claro paso atrás en la legislación de inmigración común?
Sobre esa base, sostengo dos tesis. La primera, que la formula mejor que yo la jurista francesa Danièle Lochak en su libro Inmigración, estado de derecho o estado de excepción, es que para los inmigrantes se ha creado un estado habitual que no respeta las reglas del Estado de Derecho y por eso se crea un estado de excepción, pero no por un periodo definido sino permanente y que no respeta ninguno de los principios básicos. Por ejemplo, la seguridad jurídica, la presunción de inocencia y la igualdad de derechos. Esos tres principios básicos del Estado de Derecho no son los que rigen las legislaciones de inmigración.
La alarma terrorista no ayuda a mejorar la situación
Y por si faltara algo ha venido la coartada del peligro terrorista que, desde luego, yo no desconozco ni ninguneo. Pero los estados europeos han encontrado en los atentados reales un argumento para crear un estado de excepción permanente que da facultades a la policía, absolutamente excepcionales, sin control jurisdiccional. Eso es una violación manifiesta del estado democrático, que en Francia está siendo contestada por la oposición y una parte de la sociedad civil. Además, los inmigrantes no tienen garantizado un sistema de jurisdicción propia que atiende cualquier violación de derechos fundamentales. Se les remite a instrucciones administrativas y a decisiones de funcionarios que muchas veces no son recurribles porque el inmigrante ya está expulsado y lejos del país.
¿Qué pasa con los inmigrantes menores?
El trato con los menores inmigrantes viola la Convención de Derechos del Niño, es gravísimo. No hay nadie más vulnerable que un menor no acompañado. En nuestro país, por ejemplo, la reglamentación sobre las expulsiones viola principios elementales como la garantía de la tutela judicial efectiva, que incluye la asistencia de un abogado de oficio y de un traductor para entender de qué se le acusa. La existencia de los CIE, que son centros de internamiento peores que las cárceles y sin las mismas garantías, repugna al Estado de derecho. Y qué decir de las reformas hechas en la Ley de Extranjería por vía de disposiciones adicionales, en la Ley Mordaza respecto a las mal denominadas expulsiones en caliente. Todo eso supone un estado de excepción.
¿Interesa extender la idea de que los refugiados representan una amenaza?
Mi segunda tesis, sostenida desde 2006 por MIGREUROP (red que agrupa a la mayoría de ONG’s que trabajan con la inmigración), es que de facto –aunque esto escandaliza a alguna gente- la UE tiene una política que supone estar en guerra contra los inmigrantes, básicamente contra los inmigrantes ilegales, que muchos insistimos en denominar irregulares. Mantiene la tesis de que son una amenaza para la soberanía. Eso España lo ejemplifica perfectamente en Ceuta y Melilla, donde estamos defendiendo el territorio y la soberanía, como si estuviéramos frente a un ejército enemigo. Un disparate.
Contraviniendo el propio concepto originario de la UE
Evidentemente. Decir que los malos son los cuatro países del Este: Hungría, Chequia, Eslovaqueia y Polonia, es una verdad a medias, porque ya me dirá usted si es aceptable –desde la Convención Europea de Derechos Fundamentales- la existencia de campos de refugiados como Calais, conocido como La Jungla, están en Francia, no en Ucrania, ni en Polonia. En esos campos hay más de 6.000 personas que viven en basura y excremento, sin atención sanitaria, sin una mínima intervención social, sin un puesto que examine la documentación para ver si tienen derecho al derecho de asilo. Y podíamos hablar de muchos más ejemplos que todos sabemos.
¿Teme que esta involución termine en la explosión de movimientos xenófobos que, en parte, ya dan las primeras señales, con demuestran las puertas pintadas para señalar las viviendas de los refugiados o la medida danesa de requisar los bienes a refugiados?
Ya no es un riesgo. Está ahí. Usted ha hablado de las medidas del Parlamento de Dinamarca, que en el fondo extiende acciones que se practican en Suiza y en los estados alemanes de Banderbutsen y Baviera. Y que se basan en el argumento de que los refugiados son una carga económica, cuando lo primero que debemos hacer es poner los medios para cumplir la Convención de Refugiados; y no exigirles entregar el poco dinero que llevan después de un tránsito de miles de kilómetros e, incluso, pedirles sus joyas, que suele ser su alianza. La medida danesa de requisar los bienes se basa en el argumento de que no se puede tratar a los refugiados mejor que a los parados daneses; si estos no reciben salario social porque tienen ingresos por encima de 1.340 euros, el refugiado tampoco. Y esa analogía olvida la cuestión fundamental: no estamos hablando de caridad y de medidas ad hoc, estamos hablando del cumplimiento de un deber jurídico. Digo más, ¿qué tiene que ver un parado danés con un refugiado que llega de Afganistán, de Eritrea o de Mali? Es una comparación completamente disparatada. Pero esas medidas que a usted le preocupan con toda justicia, están también en Noruega, Finlandia y Suecia. Noruega y Finlandia están expulsando a centenares de refugiados que llegan por el territorio ártico y los devuelven a Rusia que, como sabe usted,¡es un país con máximas garantías de derechos para personas que no tienen documentación!. Suecia ha decidido parar, -entre otras cosas por la insolidaridad absoluta de los 28 estados, salvo Alemania- la recepción y empezar a expulsar, endureciendo la legislación. Lo mismo que el acuerdo de la Comisión de Gobierno de Alemania, donde Merkel no puede más con el acoso que está recibiendo por parte de sus propios socios del Partido Socialcristiano de Baviera. Y no digamos de los partidos alemanes de extrema derecha que, por ejemplo, declaran que había que disparar contra los refugiados que llegan en masa, por no decir el disparate del gobernador de Flandes, región del norte de Bélgica, un señor que se califica de democristiano y que ha dicho que no hay que dar de comer a los refugiados porque entonces vendrán más, que recuerda aquella barbaridad de Margallo, el terrorífico ministro de Asuntos Exteriores que padecemos, cuando insistió en que no había que montar operaciones de salvamento y socorro porque eso generaba el efecto llamada. Un disparate jurídico y político, además de moral, porque ignora obligaciones de Derecho Internacional del Mar. Yo me he brindado a hacer un crowfunding para volver a matricular al señor Margallo en primero de Derecho. Y usted me dice ¿cómo hay que actuar? Lo más grave que hacemos en política de inmigración, tanto los gobiernos como una parte de los medios, es simplificar y lanzar eslóganes. Y por eso hemos perdido la batalla de explicar el verdadero significado del fenómeno migratorio y de refugiados.
¿Cuáles son los mitos que hay que deshacer para no seguir alimentando argumentos como ‘los refugiados vienen a molestarnos en nuestro estado de bienestar?
Insisto en que es absolutamente necesario que los medios de comunicación informen y no estén al servicio de rumores, de estereotipos, de prejuicios, o de lo que es peor, de intereses de grupos políticos y económicos que están detrás. Hay que actuar explicando a los ciudadanos que lo que llega aquí es una gota del océano de los refugiados. ¿Dónde están los refugiados? Pues están en Líbano, que es un país que tiene 1.100.000 refugiados. Si España recibiera la misma proporción, vendrían 10 millones de personas. ¡Y estamos peleando 28 países por 160.000 refugiados!. Pero ¿de qué estamos hablando? Esto hay que explicarlo. Pero pongamos las cosas en su sitio. Informemos, por ejemplo, de donde están los campos de refugiados más importantes del mundo, que no están en Grecia, Italia, España ni en Alemania. Están en Kenia, que tiene un súper campo de refugiados que recoge a las personas del África Central subsahariana y una parte de Somalia y Etiopía; o están en Jordania, con el segundo campo de refugiados más importante del mundo. Comparemos el PIB de Jordania con el PIB del país más deprimido de la UE, que es Grecia, y no digamos España. Entonces lo primero que hay que dar es información, explicar a la gente que no hay tal avalancha, que es mentira, que es una proporción básica.
¿Qué más se puede hacer?
Explicar los números en positivo y en negativo, como hace la jurista Claire Rodier en su libro El negocio de las políticas de asilo y refugio. Ha que explicar que la gente huye de situaciones en las que nosotros tenemos responsabilidad por acción y por omisión. ¿Quién vende las armas a todos los bandos en el conflicto sirio? Entre otros países, España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia venden armas. Que se lo pregunten al ministro de Defensa español, que es el mayor comisionista de la industria de armamento que hay en España. Que le pregunten cómo venden armas a Arabia Saudí y cómo Arabia Saudí vende armas a unos bandos en el conflicto sirio, lo mismo que Irak protege a otros bandos. Eso no debería sorprendernos, porque Siria lleva cinco años en guerra; Afganistán ¿se acuerda usted cuántos? ¿Cuántos años lleva el régimen de Eritrea expulsando a personas? ¿Cuántos años lleva el conflicto de Mali ¿Y es que no lo sabemos? ¡Hombre, por Dios! Todas las cancillerías europeas lo saben ¿Qué ha informado la prensa de esos conflictos en los que tenemos parte y de los que salen los refugiados? Pues prácticamente nada.
¿Hay planes alternativos?
Por falta de propuestas no será, las hay en ámbitos académicos, en grupos políticos del Consejo de Europa, incluso en el Parlamento europeo y también en algunos medios de comunicación. El argumento de los gobiernos europeos y de la propia UE es que no se puede hacer otra cosa. Es mentira. Llevamos proponiendo más de 20 años que se haga otra cosa.
¿La sociedad civil puede contribuir a recuperar el respeto a la diferencia y la solidaridad, dos valores en extinción?
Podemos hacer muchas más cosas de las que parecen. Podemos asociarnos para adoptar medidas que pueden servir de ayuda, por ejemplo, de mediación. Las asociaciones vecinales, las organizaciones municipales, de voluntarios. Podemos y debemos no cansarnos de denunciar, informar y explicar. Es muy importante explicar a los ciudadanos que no podemos votar a partidos que consienten estos horrores que antes que tarde nos van a avergonzar históricamente. Cuando se explique este período de la historia europea, la gente no va a entender cómo fuimos capaces de semejantes barbaridades. Y cómo fuimos tan poco inteligentes, porque es que se pueden gestionar los flujos migratorios para beneficio de todos, de los países vecinos, de los países de origen, de los propios inmigrantes, de las sociedades concernidas. Hay un montón de informes, lo que pasa es que eso no entra en el tiempo de los políticos que viven solo con el horizonte de la próxima campaña electoral. Y estas acciones requieren del largo plazo, por ejemplo, modelos de codesarrollo y cooperación al desarrollo que no sean coartadas para el imperialismo económico o estrategia política, requieren acciones a medio y largo plazo. Pero al político no le interesa porque no puede colocarse la medalla, ni hacer un titular. Y debo decirle también a los medios de comunicación que tienen una estrategia de corto alcance porque viven en la instantaneidad de los 15 segundos y del titular. Y hay que explicar cosas complejas, a medio plazo, porque este es un fenómeno estructural que no se va a terminar.
http://www.sociedadcivil.com/javier-de-lucas-el-trato-a-los-menores-refugiados-viola-la-convencion-de-derechos-del-nino/