Con tan sólo 12 años, Hamsa ha pasado ya por cuatro centros de menores. Hace dos años dejó a su familia en Tánger y llegó a Algeciras enganchado a los bajos de un camión. “Pasé un poco de miedo”, dice mirando hacia el suelo. Cuando levanta la cabeza, el brillo de sus ojos y su limpia sonrisa infantil hacen imposible imaginar que este niño, como tantos otros, haya tenido este peregrinaje. Del primer centro de acogida se escapó y en otro camión llegó a Madrid. “Me pilló la policía y me llevaron al centro de Hortaleza. Un poco mal, no me gustó”, cuenta casi en un susurro. Después, pasó dos años en el centro de Chamberí. Cuando supo que le iban a trasladar a Picón del Jarama no dudó en escaparse de nuevo. ¿Cómo? Hace el gesto de escalar un muro. “No quería ir, el hermano del chico que se ahorcó en Picón estaba conmigo. Allí dicen que pegan a los niños”. Entonces un amigo le llevó hasta la Asociación Alucinos La Salle, en el barrio de San Fermín. Su director, Íñigo Ortiz, bromea con Hamsa. “Éste es uno de los menores muy peligrosos y problemáticos que querían llevar a Picón. Él vino a nosotros en busca de ayuda”. Y se la dieron. Han conseguido que no ingrese en el controvertido centro y que lo acoja una pareja.Íñigo tiene una dilatada experiencia en el trabajo con menores. “Hace unos años eran sobre todo hijos de toxicómanos, presos, prostitutas, padres en paro o con problemas de alcoholismo. Ahora la inmigración ha adquirido mucha importancia, pero sobre todo son familias víctimas de la exclusión social”. Desde este colectivo intentan mediar y hacer un seguimiento de los chavales para evitar que, en algunos casos, “les arruinen la vida ingresándoles en un centro”.¿Cómo se llega? Existen dos grandes grupos de centros: los de protección (los menores son retirados de sus familias por graves situaciones de desamparo) y los de reforma (ingresan por cometer delitos). En el primer caso, los niños pasan a centros de protección y la Comunidad Autónoma se convierte en la responsable de su tutela. En total, más de 30.000 menores se encuentran en esta situación. Al no existir un reglamento común, se produce gran disparidad de situaciones y protocolos pero, en general, para retirar a los niños de sus familias no hace falta orden judicial. Son los servicios sociales de la zona, en teoría tras agotar todos los recursos posibles, los que les derivan a los centros.Hemos visitado la Residencia Infantil Vallehermoso, un centro público que está dirigido por Pilar Mieres, religiosa de las Hijas de la Caridad. Es uno de los 122 centros de este tipo que existen en la Comunidad de Madrid y cuenta con 70 plazas de 3 a 18 años. “Nuestra misión es acoger y cuidar a los menores que llegan por diferentes circunstancias: familias desestructuradas, graves problemas sociales y económicos… La mayoría tienen carencias afectivas”.

La retirada de la tutela no es una situación fácil para los padres. “Pueden percibirlo como una injusticia, sienten angustia, pero cuando nos conocen van confiando y ven que es una buena ayuda”. La finalidad es que puedan recuperar a sus hijos cuando mejore su situación o bien que los menores salgan acogidos por otras familias. Pilar asegura que cada vez reciben más casos de adolescentes de familias de clase media que solicitan una guarda temporal porque “los padres no pueden hacerse con ellos”.

Cesarina, Gonzalo, Cristina, Jessica o Johnatan son algunos de los chavales con los que hemos charlado. La mayoría llevan varios años en esta residencia. Tienen entre 11 y 16 años y acaban de llegar de clase con algún que otro suspenso. Pero Hajar (16 años) puede presumir de unas excelentes notas en el taller de cocina. Nos cuentan que cantan en un coro, hacen teatro, musicoterapia, fútbol… Y ahora que ha terminado el curso, se preparan para ir de campamento. Parece que se han adaptado bien a este otro tipo de convivencia gracias al trabajo de los profesionales implicados y comprometidos con su labor. Para la directora, ver cómo muchos de estos menores salen adelante y superan las dificultades es una satisfacción.

Sin embargo, hay casos en los que requieren tratamiento terapéutico o presentan problemas que no son capaces de abordar en estos centros. Entonces, los trasladan a los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social. Son los que investigó el Defensor del Pueblo en el informe que presentó hace unos meses denunciando situaciones de maltrato. Los testimonios de menores, familiares e incluso trabajadores de los centros dibujaban un panorama desalentador: celdas de aislamiento (la ONU prohibió en 1990 la práctica de aislamiento de menores), castigos desproporcionados, medicación abusiva sin prescripción médica, contenciones físicas practicadas por personal no cualificado (guardias de seguridad), privación de libertad o violación de la intimidad sin la existencia de ninguna orden judicial. El régimen en el que viven recluidos estos menores les aboca a la marginación.

No es de extrañar que se den casos de gran agresividad, chavales que se autolesionan tragándose grapas o lapiceros e intentos de suicidio. La Coordinadora de Barrios de Madrid ha convocado diversas concentraciones para recordar los 13 muertos en centros de menores en los últimos 5 años.

“Se produce un deterioro personal importante, hay mucha tensión y conflictos. A los menores les cuesta mucho expresar las vulneraciones de sus derechos ya que no los conocen. Se amoldan a las circunstancias. Recuerdo un chaval que contaba con normalidad que le encerraran en la celda, le ataran al radiador o le desnudaran. Soy un desalmado y me lo merezco, decía. Me pareció demoledor”. Teresa Blasco es trabajadora social de la Fundación Raíces. Considera esencial que la sociedad conozca lo que pasa dentro porque bajo la idea de preservar la intimidad de los menores a veces “hay mucho oscurantismo y poca transparencia”.

Otro de los aspectos que denuncia el informe de casi 500 páginas es que de los 58 centros de este tipo que existen en España, 55 están gestionados por entidades privadas a las que la Administración abona una media de 4.000 euros al mes. Diferentes colectivos de trabajadores han denunciado la situación de precariedad laboral, bajos salarios y la excesiva rotación de personal. El Consejo General de Educadores Sociales demanda más mecanismos de inspección, pues considera que la supervisión de estos centros es muy precaria y que no siempre se contrata al personal adecuado.
Hace unos días, los jueces de menores se reunían en Valencia y afirmaban que “la protección de menores en España falla”. La mayoría coincide en señalar que las medidas de residencia deberían ser transitorias y provisionales.

Escuelas de delincuencia. En el extremo de toda esta cadena están los centros de reforma o reinserción: la respuesta que el sistema judicial ofrece a los menores que cometen faltas relacionados con robos, vandalismo, drogas, agresiones y, en un reducido porcentaje, delitos de sangre. “Se estudia cada caso para ofrecer medidas personalizadas. Ante un mismo hecho (por ejemplo, un robo con violencia) se puede decidir un internamiento en régimen cerrado, una libertad vigilada o la realización de tareas socioeducativas”, explica Gema García, Fiscal de Menores de Valencia. Muchos de estos chicos empiezan a delinquir en los centros de protección.

Javier Edo, profesor de Antropología de la Universidad de Valencia, sostiene que “nadie nace enseñado a ser delincuente”. En el caso de los menores inmigrantes, la necesidad de pagar las deudas económicas, la falta de expectativas y el rechazo social hacen que empiecen a ser conflictivos. “Además, los centros están saturados, son auténticas bombas de relojería”. Ahí comienzan los problemas y la andadura que les puede llevar a un centro de reforma. El desánimo y la falta de estímulo son comunes entre los internos, tal y como recuerda el ex director pedagógico de un centro de reforma de Castilla y León que prefiere mantenerse en el anonimato. Defiende las buenas prácticas de los profesionales pues, aunque se producen situaciones muy complicadas, nunca presenció vulneraciones de los derechos del menor. Aún así, reconoce que habría que buscar otras fórmulas. “Las estadísticas son frías y reflejan claramente que se daban pocos resultados positivos en cuanto al fin último de la rehabilitación y reinserción social”.

¿Qué pasa después? A los 18 años, los menores abandonan los centros de protección. Los que cuentan con algún tipo de apoyo familiar tienen más posibilidades de rehacer sus vidas. No existen informes globales que analicen de forma rigurosa qué pasa con los chavales cuando salen de los centros de menores y que avalúen los resultados de las medidas de internamiento. Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, el ingreso en centros supone una fuerte despersonalización y produce el síndrome de institucionalización, con deterioros psicológicos por las estancias demasiado prolongadas. Un informe de esta asociación indica que tras su paso por los centros de reforma, el 80% acaban ingresando en cárceles de adultos.

Intervenir para prevenir. Los problemas empiezan mucho antes de ingresar en un centro, pues los mayores riesgos para la infancia son la pobreza, la exclusión social y la violencia. Los barrios deprimidos, con los servicios sociales saturados y las familias de bajos recursos económicos que no conocen bien sus derechos son el mejor caldo de cultivo.

“Los que van rotando durante años de centro en centro desde luego son niños de las capas sociales más desfavorecidas y vulnerables. A veces se producen retiradas de tutela injustas y las familias inician una duro camino por la gran maquinaria burocrática de la Administración hasta que recuperan a sus hijos”, cuenta Teresa Blasco. Estos casos se dan cuando se confunde la situación de grave desamparo con posible riesgo.
El colectivo Alucinos ofrece asesoría legal a los padres porque muchos desconocen los procedimientos para recurrir. Además, defienden que son las propias familias las que también se encuentran en situación de desamparo (desempleo, problemas de adicciones, deterioro de las relaciones personales) y una buena prevención en los ámbitos familiares, sociales, educativos y laborales evitaría las drásticas separaciones.

Se trata de actuar sobre las causas y no sobre los síntomas. Para Íñigo Ortiz, habría que intervenir más en los barrios. “Si salen de los centros y regresan al mismo entorno, donde nada ha cambiado, empieza de nuevo el círculo vicioso. Hay que dar alternativas reales: vivienda digna, empleo, educación, recursos sociales, y luego intervenir con los chavales en su medio, diseñando de forma conjunta los pasos a dar porque cada uno es un mundo y tiene expectativas de vida diferentes”.

La Fiscal de Menores de Valencia entiende la existencia de los centros por la importante labor de protección que desempeñan. “Hay situaciones en las que no es viable trabajar en el seno de la familia. Tienen que salir de ese entorno y recibir la ayuda de profesionales. Lo ideal es que siempre haya garantías de que un niño que necesite una plaza en un centro, la tenga. Hoy en día no es así”.

Íñigo explica que es muy difícil la intervención si no hay un compromiso por parte del menor. “En los centros no se sienten integrados, han sido expulsados de todas partes y casi todos han fracasado escolarmente. Así es difícil obtener resultados”. El tipo de intervención que desarrolla Alucinos ha conseguido que chavales de 15 años que no sabían escribir hoy resuelvan complejas operaciones matemáticas. A través de los talleres formativos (mecánica de motos, informática, confección, cocina, electricidad) se les ofrece una alternativa laboral, pero, sobre todo, se trabaja el desarrollo personal. “Hay que creer en sus capacidades. Son chavales muy machacados. En este ir caminando, el 90% de los que pasan por aquí no vuelven a robar. Pero, lo más importante es que el 100% son más respetuosos y solidarios y han encauzado su vida de otra manera a la que iban predestinados. Hemos conseguido seres humanos maravillosos”
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Acogimiento familiar. Una de las alternativas más valoradas desde todos los sectores es el acogimiento familiar temporal. “Nunca va a ser igual el calor de una familia que el de la Administración” reconoce Paloma Martín, gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia. Un buen dato es que en 2008, el 62% de los menores protegidos por la Comunidad de Madrid se encontraba en situación de acogida. Además, es fundamental sensibilizar a la sociedad para impulsar la solidaridad con la población infantil necesitada. “Si no les dan pronto en acogida, los chavales cuando llegan a los 18 años pueden haber pasado incluso por ocho centros distintos, más las familias de acogida que les han devuelto por no saber afrontar los problemas”, explica Teresa Blasco. Saber tratar con los menores es vital para garantizar el éxito.

Íñigo tiene claro que se pueden hacer las cosas de forma distinta. “Es necesario creer en ellos, apostar por posibilidades de cambio, darles una oportunidad. Tropiezan, caen y tienen que volver a levantarse y caminar. El proceso requiere tiempo”. Javier Edo recurre al Principio de Pigmalión para explicarlo: “Si crees que un chaval te va a salir mal, te saldrá mal; y si confías en él, te saldrá bien”.

TIPOS DE CENTROS

Centros de emergencia y primera acogida. Acogen a menores por procedimiento de urgencia hasta que se estudia su situación y se deciden las medidas o el centro al que se les deriva. Aquí se incluyen también los centros de recepción de menores inmigrantes.
Centros de protección o residencias infantiles. Divididas por edades, acogen en general a menores de 0 a 18 años en situación de desamparo.
Centros especializados. Según las necesidades del menor, pueden ser residencias de salud mental, discapacidad, drogodependencias, etc.
Centros terapéuticos. Son los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social. De estos centros habla el informe del Defensor del Pueblo.
Centros de reforma o reinserción. Centros de internamiento, conocidos también como reformatorios, correccionales o cárceles de menores. En ellos ingresan por orden judicial los menores a partir de 14 años que hayan cometido algún delito. Existen de régimen cerrado, semiabierto y abierto.