Un año des­de el Acuer­do Unión Eu­ro­pea-Tur­quía: pa­sos en la mala di­rec­ción

Caritas-Unión-Europea-Turquia-FILEminimizer-e1490095533576El 18 de mar­zo de 2016 los miem­bros del Con­se­jo Eu­ro­peo (Je­fes de Es­ta­do y de Go­bierno) se reunieron con su ho­mó­lo­go tur­co para fir­mar una de­cla­ra­ción en la que acor­da­ron me­di­das adi­cio­na­les para “po­ner tér­mino a la mi­gra­ción irre­gu­lar des­de Tur­quía a la UE”.

Se tra­ta de un acuer­do in­ter­na­cio­nal, solo que dis­fra­za­do bajo el nom­bre de de­cla­ra­ción. Un acuer­do in­ter­na­cio­nal hur­ta­do al con­trol de­mo­crá­ti­co del Par­la­men­to Eu­ro­peo, que no ha sido ob­je­to de ra­ti­fi­ca­ción ni está pu­bli­ca­do en Dia­rio Ofi­cial al­guno. Ade­más, el acuer­do ge­ne­ra dis­cri­mi­na­ción en base a la na­cio­na­li­dad, ya que sólo con­tem­pla el reasen­ta­mien­to des­de Tur­quía de per­so­nas si­rias.

Para po­der de­cla­rar la inad­mi­si­bi­li­dad de las so­li­ci­tu­des de pro­tec­ción de las per­so­nas que lle­gan a las is­las grie­gas, el acuer­do ca­li­fi­ca a Tur­quía como ter­cer país se­gu­ro, a pe­sar de las evi­den­cias de la de­te­rio­ra­da ca­li­dad de­mo­crá­ti­ca del ré­gi­men y la vio­la­ción de los de­re­chos hu­ma­nos, tan­to de los ciu­da­da­nos di­si­den­tes como de las per­so­nas mi­gran­tes y re­fu­gia­das.

Aun­que las au­to­ri­da­des eu­ro­peas se fe­li­ci­tan por el buen fun­cio­na­mien­to del acuer­do, no es cier­to: mi­les de per­so­nas per­ma­ne­cen en un lim­bo ju­rí­di­co, como hués­pe­des tem­po­ra­les en Tur­quía y en cam­pos en las is­las grie­gas vi­vien­do en pé­si­mas con­di­cio­nes.

El acuer­do res­pon­de a una es­tra­te­gia po­lí­ti­ca eu­ro­pea en ple­na ex­pan­sión di­ri­gi­da a ce­rrar nues­tras fron­te­ras, con­si­de­ran­do ter­ce­ros paí­ses se­gu­ros a otros de los que pro­ce­den o por los que tran­si­tan im­por­tan­tes flu­jos de mi­gran­tes y re­fu­gia­dos, y a au­men­tar sus­tan­cial­men­te las ex­pul­sio­nes des­de Eu­ro­pa, como se de­ri­va del nue­vo Plan de Ac­ción de la Co­mi­sión Eu­ro­pea so­bre re­torno que, con un len­gua­je con­fu­so per­mi­te in­clu­so el in­ter­na­mien­to de me­no­res. Otro caso san­gran­te es el acuer­do con Af­ga­nis­tán para la read­mi­sión de to­das las per­so­nas af­ga­nas que ex­pul­se la Unión Eu­ro­pea aun­que no es el úni­co. Ac­tual­men­te hay ne­go­cia­cio­nes si­mi­la­res de con­trol mi­gra­to­rio y read­mi­sión a cam­bio de di­ver­sas con­tra­pres­ta­cio­nes por par­te de la UE con Li­bia, Etio­pía, Ní­ger, Ni­ge­ria, Se­ne­gal, Malí y Tú­nez.

Se tra­ta de acuer­dos in­ter­na­cio­na­les en los que se pro­po­ne ex­clu­si­va­men­te el con­trol de los flu­jos mi­gra­to­rios y el cie­rre de nues­tras fron­te­ras in­clu­so vul­ne­ran­do las ga­ran­tías mí­ni­mas de De­re­chos Hu­ma­nos y Pro­tec­ción In­ter­na­cio­nal, au­men­tan­do la pre­sión mi­gra­to­ria so­bre paí­ses que no cum­plen di­chos es­tán­da­res ni tie­nen ca­pa­ci­dad para ga­ran­ti­zar­los. La Unión Eu­ro­pea, le­jos de ha­bi­li­tar vías le­ga­les y se­gu­ras, ge­ne­ra cue­llos de bo­te­lla para los cien­tos de mi­les de per­so­nas que vie­nen hu­yen­do de la gue­rra, la per­se­cu­ción o quie­nes se ven for­za­dos des­pla­zar­se por las con­se­cuen­cias del de­te­rio­ro me­dioam­bien­tal o la au­sen­cia de opor­tu­ni­da­des de vida en sus paí­ses.

Es una so­lu­ción cor­to­pla­cis­ta, que evi­den­cia su in­efi­ca­cia y pro­vo­ca vio­la­cio­nes de De­re­chos Hu­ma­nos de las que to­dos los go­bier­nos son ma­te­rial­men­te res­pon­sa­bles. Tam­po­co es una res­pues­ta al cre­ci­mien­to del po­pu­lis­mo o de la quie­bra del mo­de­lo Eu­ro­peo, vio­la di­ver­sos acuer­dos in­ter­na­cio­na­les y se de­ri­va la res­pon­sa­bi­li­dad a otros Es­ta­dos.

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Cáritas, con los migrantes en su camino hacia Europa

Jueves 09 de Marzo de 2017

Mientras la Unión Europea y los países que la conforman continúan adoptando políticas migratorias cada vez más restrictivas, la odisea de los migrantes y refugiados que intentan llegar hasta sus fronteras, no se detiene.

Ahora mismo, cientos de miles de personas se encuentran en campos de refugiados de la región de los Balcanes y Turquía atrapados por el cierre de las fronteras y con una gran necesidad de ayuda básica.

Las Cáritas de Grecia, Serbia, Macedonia, Albania, Eslovenia, Croacia, Hungría, Bulgaria y Turquía, con el apoyo de la red internacional, trabajan desde hace tiempo intentando dar respuesta a esta crisis y lo hacen con un enfoque integral, mediante actuaciones que combinan la acción humanitaria y la promoción de integración de los migrantes.

También Cáritas Española, que colabora en la región desde hace años, ha ido respondiendo a las sucesivas peticiones de ayuda lanzadas por las Cáritas locales para llevar a cabo sus programas de asistencia humanitaria y garantizar la cobertura de las necesidades básicas de los migrantes y su acceso a servicios de salud, educación, etc.

Colaboración con Cáritas Turquía

La respuesta más reciente ha sido el envío de 55.000 euros a Cáritas Turquía para un proyecto que durará tres años y que se centrará en la asistencia a refugiados y migrantes en Estambul. Cáritas Turquía lleva más de 10 años trabajando con familias de diferentes nacionalidades a las que ofrece atención personalizada y el acompañamiento continuo.

Se estima que la población refugiada en Turquía es de tres millones de personas, de los que solo un 10 por ciento está en espacios oficiales del Gobierno. El resto permanece en “ciudades satélites” con nulo acceso a servicios básicos, incapacidad de regularizar su situación, imposibilidad de encontrar trabajo…

“Nuestro trabajo más importante, además de ofrecerles ayuda y asistencia, es acompañarles, escucharles, comprenderles…; unirnos como una sola familia humana”, dice Chiara Rambaldi, coordinadora del Proyecto de Migrantes y Refugiados de Cáritas Estambul (ver sus declaraciones en vídeo).

De hecho, el objetivo final de este proyecto es mejorar las condiciones materiales y psicológicas de estas familias. Para ello, se distribuirán tarjetas para alimentos y enseres; se ofrecerá ayuda para la vivienda, la educación y la salud; se dará apoyo legal y representación a los migrantes y refugiados, y se facilitará la asistencia psicológica y el acceso actividades que contribuyan a la integración y socialización.

Solidaridad del arzobispo de Chicago “con los que viven en las sombras”

 

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Cupich pide a sus sacerdotes que no colaboren con agentes de inmigración sin orden judicial

“Sería irresponsable crear una falsa esperanza”, sobre la posibilidad de establecer “iglesias santuario”

No hemos nombrado a nuestras iglesias como ‘santuarios’ únicamente porque sería irresponsable crear una falsa esperanza de que podamos proteger a la gente de las acciones de cumplimiento de la ley, por injustas o inhumanas que podamos verlas

  (Cameron Doody/Agencias).- “Solidaridad con los que viven en las sombras”. Eso es lo que pretende lograr el cardenal de Chicago, Blase Cupich, mediante una carta que mandó al clero de la archidiócesis instruyéndoles que eviten que las autoridades federales de inmigración (ICE) ingresen a las iglesias sin una orden judicial.

Las nuevas directrices llegan tras la publicación de otra serie de normas, dirigidas a los directores de las escuelas públicas de la ciudad, en las que el arzobispo les pidió que no compartieran los expedientes de sus alumnos con los agentes federales, que denegaran la entrada a sus escuelas a cualquier autoridad que no cuente con una autorización oficial, y que actualizaran los contactos de emergencia para sus alumnos en caso de que detuvieran a alguno de sus familiares.

En la carta enviada a su clero este lunes, Cupich pidió a los sacerdotes que revisen cualquier orden judicial u otros documentos antes de permitir que agentes federales de inmigración ingresen a sus instalaciones. También les pidió contactar a la oficina de Servicios Legales de la archidiócesis de manera inmediata.

“Si un oficial de inmigración quiere entrar en el recinto (parroquial), antes de que le dejes entrar, pídele identificación, la razón por la vista, y cualquier documento que tenga, como una orden judicial”, exhortó el prelado a sus sacerdotes. En caso de que los agentes sí cuenten con un mandamiento hay que cooperar con ellos, avisó el arzobispo de Chicago, si bien poniéndose en contacto con los abogados diocesanos. Pero si no tienen ese respaldo legal, prosiguió, “y no es una situación en la que alguien está en peligro inminente, diles… que no pueden entrar en las instalaciones, pídeles sus detalles de contacto y avísales que se pongan en contacto con la oficina de Servicios Legales”.

Estos nuevos protocolos de las parroquias y escuelas católicas de Chicago responden, explica Cupich, a una necesidad de mantener “solidaridad con muchos de nuestros feligreses altamente perturbados por las recientes órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración”. Coyuntura ante la que apremia ofrecer “apoyo, dirección espiritual y compasión”, escribe el cardenal.

“Debemos estar juntos y claramente hacer saber que la archidiócesis de Chicago apoya la dignidad de todas las personas sin importar su situación migratoria”, dice la misiva de Cupich, en la que resalta que muchas iglesias están ofreciendo información legal y recursos educativos para inmigrantes. Con sus 346 iglesias y más de 200 escuelas, la archidiócesis de Chicago sirve a más de 2.2 millones de católicos en el condado de Cook y de Lake, de los cuales el 44% son hispanos.

Sin embargo, la carta aclara que las parroquias de la archidiócesis no son “iglesias de santuario”.

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Cáritas Europa y otras 70 entidades de la UE alertan sobre los efectos de los acuerdos con Libia sobre los migrantes. 27/02/2017

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Cáritas. 27 de febrero de 2017.- En una carta remitida a los responsables de la Unión Europea, Cáritas Europa y otras 70 entidades de la Unión alertan que el enfoque de las nuevas políticas anti-contrabando suscritas con Libia, además de cooperar con las autoridades libias, expondrá a la gente a detenciones arbitrarias y malos tratos.

Este es el contenido íntegro de la carta:

Bruselas, 22 de febrero 2017

Apreciados dirigentes europeos,

Las organizaciones no gubernamentales abajo firmantes están profundamente preocupadas por la orientación de los recientes acuerdos políticos UE-Libia expuestos en la Comunicación de la Comisión sobre el Mediterráneo Central (25.01.17) y reafirmados tanto en las conclusiones de la Cumbre de Malta (03.02.17) como en las Conclusiones del Consejo (06.02.17), destinadas a detener los movimientos migratorios a través de Libia. 

La decisión de transferir la responsabilidad de gestionar los movimientos migratorios, a lo largo de la ruta del Mediterráneo central hacia Libia, no reducirá ni los abusos contra los derechos humanos, ni acabará con el tráfico de personas. En su lugar, aumentará significativamente el daño y el sufrimiento de estas personas.

Los planes de la UE harán crecer los arrestos y la detención de migrantes en Libia y aumentarán la exposición a graves abusos contra los derechos humanos.

El gobierno respaldado por la ONU en Trípoli sólo tiene un limitado y precario dominio del poder, compitiendo con una variedad de actores. La propia UE describe a Libia como “insegura” y la violencia sistemática contra los refugiados y los migrantes ha sido ampliamente documentada. Varios informes de grupos de derechos humanos han descrito las graves y angustiantes condiciones en Libia: violaciones, tortura, ejecuciones y otras vejaciones. Nuestras organizaciones han documentado el uso excesivamente prolongado de detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, incluso en los mismos centros donde los refugiados y los migrantes son detenidos tras ser interceptados en el mar por entidades libias, que realizan actividades de guardacostas.  

La Declaración de Malta pretende que la UE “procure asegurar las capacidades y condiciones de recepción adecuadas en Libia para los migrantes, junto con el ACNUR y la OIM”. No obstante, en una declaración conjunta publicada en vista a la Cumbre informal en Malta, estas organizaciones afirmaron que “limitaciones de seguridad continúan obstaculizando nuestra capacidad de ofrecer asistencia para salvar vidas, proveer servicios básicos a los más vulnerables y encontrar soluciones a través del reasentamiento, retorno voluntario asistido o autosuficiencia”. Esto deja cualquier garantía en relación a la supervisión de los derechos humanos y la mejora de las condiciones de detención completamente vacía.

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