El 18 de marzo de 2016 los miembros del Consejo Europeo (Jefes de Estado y de Gobierno) se reunieron con su homólogo turco para firmar una declaración en la que acordaron medidas adicionales para “poner término a la migración irregular desde Turquía a la UE”.
Se trata de un acuerdo internacional, solo que disfrazado bajo el nombre de declaración. Un acuerdo internacional hurtado al control democrático del Parlamento Europeo, que no ha sido objeto de ratificación ni está publicado en Diario Oficial alguno. Además, el acuerdo genera discriminación en base a la nacionalidad, ya que sólo contempla el reasentamiento desde Turquía de personas sirias.
Para poder declarar la inadmisibilidad de las solicitudes de protección de las personas que llegan a las islas griegas, el acuerdo califica a Turquía como tercer país seguro, a pesar de las evidencias de la deteriorada calidad democrática del régimen y la violación de los derechos humanos, tanto de los ciudadanos disidentes como de las personas migrantes y refugiadas.
Aunque las autoridades europeas se felicitan por el buen funcionamiento del acuerdo, no es cierto: miles de personas permanecen en un limbo jurídico, como huéspedes temporales en Turquía y en campos en las islas griegas viviendo en pésimas condiciones.
El acuerdo responde a una estrategia política europea en plena expansión dirigida a cerrar nuestras fronteras, considerando terceros países seguros a otros de los que proceden o por los que transitan importantes flujos de migrantes y refugiados, y a aumentar sustancialmente las expulsiones desde Europa, como se deriva del nuevo Plan de Acción de la Comisión Europea sobre retorno que, con un lenguaje confuso permite incluso el internamiento de menores. Otro caso sangrante es el acuerdo con Afganistán para la readmisión de todas las personas afganas que expulse la Unión Europea aunque no es el único. Actualmente hay negociaciones similares de control migratorio y readmisión a cambio de diversas contraprestaciones por parte de la UE con Libia, Etiopía, Níger, Nigeria, Senegal, Malí y Túnez.
Se trata de acuerdos internacionales en los que se propone exclusivamente el control de los flujos migratorios y el cierre de nuestras fronteras incluso vulnerando las garantías mínimas de Derechos Humanos y Protección Internacional, aumentando la presión migratoria sobre países que no cumplen dichos estándares ni tienen capacidad para garantizarlos. La Unión Europea, lejos de habilitar vías legales y seguras, genera cuellos de botella para los cientos de miles de personas que vienen huyendo de la guerra, la persecución o quienes se ven forzados desplazarse por las consecuencias del deterioro medioambiental o la ausencia de oportunidades de vida en sus países.
Es una solución cortoplacista, que evidencia su ineficacia y provoca violaciones de Derechos Humanos de las que todos los gobiernos son materialmente responsables. Tampoco es una respuesta al crecimiento del populismo o de la quiebra del modelo Europeo, viola diversos acuerdos internacionales y se deriva la responsabilidad a otros Estados.
