Aunque a cuentagotas seguimos asistiendo al drama que reflejan las pateras y cayucos que arriban al Archipiélago, el fenómeno ha dejado de ser una prioridad para las administraciones públicas.
Sólo así se explica que el Gobierno de Canarias deba todavía más de 2,1 millones de euros a los cabildos en concepto de la manutención de 2012 de los menores extranjeros no acompañados que residen en los centros gestionados por las instituciones insulares. En concreto, según datos a los que ha tenido acceso este periódico, al Cabildo de Tenerife se le adeudan 1,7 millones de euros por las 79 plazas del convenio con el Ejecutivo (56 euros por niño y día), plazas entre las que se incluyen también las que corresponderían a El Hierro, que desde 2011 no recibe menores sin papeles. Mientras, al Cabildo de La Gomera le deben cerca de 163.000 euros por las 16 plazas del mismo convenio, que en total contempla 250 plazas para toda Canarias. Por último, al Cabildo de La Palma le corresponderían más de 250.000 euros del pasado ejercicio, por las 22 plazas que tiene asignadas por el referido convenio, que fue firmado en 2002.
Según manifestaron al DIARIO desde el la Corporación tinerfeña, el motivo de la deuda contraída por la gestión de los menores extranjeros no acompañados se debe al adelanto del cierre presupuestario del ejercicio 2012, que además arrastraba un déficit en las partidas transferidas del Estado para esta materia. Sin embargo, las mismas fuentes insistieron en que existe “buena voluntad” por parte del Ejecutivo, que se ha comprometido a saldar la deuda en dos pagos a lo largo de este año.
De igual modo, en las distintas reuniones mantenidas por los responsables de la Dirección General del Menor y la Familia y los consejeros insulares de Políticas Sociales, se acordó modificar este convenio en 2013, ya que parece poco probable que se repitan sucesos como los padecidos entre 2006 y 2009, cuando Canarias llegó a tutelar más de un millar de menores africanos.
De ellos, más de 400 llegaron a residir en centros gestionados por los cabildos, que durante años mostraron una preocupantes sobreocupación. Ahora, el férreo control policial y la crisis han desviado las tradicionales rutas de la inmigración irregular, lo que hace que apenas lleguen barquillas hasta el Archipiélago. No en vano, el año pasado solo arribaron a las Islas una treintena de jóvenes inmigrantes. En total, según cifras de la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno autonómico, hasta el 31 de diciembre Canarias tutelaba a 157 chicos, un 47% menos que en 2011. De esos, 111 residían en centros gestionados por los cabildos insulares, que apenas están al 40% de su capacidad. Además, otros 32 jóvenes, la mayor parte norteafricanos, se encuentran en distintas instituciones de la Península, como la Fundación Diagrama (Palma de Mallorca), la Fundación Armenteros (Salamanca) o la Fundación Hechos (León). Mientras, otros 6 están en centros de medidas judiciales, en Tenerife, Gran Canaria y Murcia. A la espera de que el Gobierno del PP apruebe la reglamentación que desarrolle la nueva Ley de Extranjería, el Ejecutivo popular apuesta por la repatriación de los chicos a sus países, algo que choca con la actual normativa comunitaria sobre reagrupación familiar.
JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
