Qué tiene que cambiar el Gobierno para acabar con las malas prácticas en la acogida de los menores migrantes

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El Gobierno modificará  el criticado protocolo que coordina la atención a los menores extranjeros no acompañados (MENAS) que llegan a suelo español, aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2014. Es uno de los anuncios que ha realizado este martes la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, durante la mesa Coordinación Interterritorial de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.

Los cambios irán encaminados, según ha dicho Montón, a “hacerlo más homogéneo, agilizar los procedimientos y dotar de mayores garantías” a la hora de admitir los menores en el sistema de protección de las comunidades autónomas, encargadas de su tutela.

La falta de garantías a la hora de determinar qué personas pueden ingresar en este sistema lleva siendo denunciada por las organizaciones especializadas. Uno de los aspectos más espinosos es, dicen, el uso “sistemático” de las pruebas para averiguar la edad de las personas que se declaran como menores, en las que radican gran parte de las malas prácticas detectadas. Estos métodos también han sido cuestionados por Naciones Unidas y el Defensor del Pueblo. Según han indicado fuentes de Sanidad a este medio, este será uno de los puntos a revisar en la reforma anunciada.

Entre los aspectos que se tocarán estarán, según ha asegurado la ministra sin dar más detalles, “los procedimientos de ingreso en los centros, la identificación con el objeto de establecer criterios coordinados en todas las comunidades, la mejora de los protocolos de actuación sanitaria y también la cuestión del registro y el seguimiento de los menores no acompañados” de los niños que llegan solos a las costas españolas.

En 2017, varias fuerzas políticas, entre ellas el PSOE, aprobaron una proposición no de ley que pedía derogar el protocolo marco y elaborar uno nuevo “qu e garantice los derechos de los menores de acuerdo con la legislación nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño”. También instaron a reformar la ley para garantizar que “ningún niño, niña o adolescente que tenga documentación acreditativa de su edad es sometido a un procedimiento de determinación de la edad”.

Algunas ONG como Fundación Raíces trataron de impugnar en los tribunales el protocolo que el PP presentó como un “código de buenas prácticas”, pero se toparon con el obstáculo de que no tiene rango de ley. Las organizaciones especializadas han recibido el anuncio de su reforma como una medida positiva, pero también recuerdan todas las tareas que el Gobierno tiene por delante para corregir alguna de los fallos detectados en los últimos años a la hora de proteger a los menores migrantes no acompañados. Estas son algunas de ellas:

Pruebas sistemáticas aún con documentos válidos

Se trata de una de las denuncias más repetidas y uno de los puntos clave que revisará el Gobierno. Cuando un niño o un adolescente migrante llega a las fronteras españolas sin ningún adulto responsable de él, el Estado tiene la obligación de integrarle en los programas de protección, como cualquier menor en desamparo. Si estos menores llegan sin documentación y su minoría de edad no es obvia, la normativa prevé unas pruebas médicas para averiguar su edad.

Sin embargo, las organizaciones especializadas llevan años alertando de que estas pruebas se realizan de forma sistemática incluso a jóvenes con pasaporte u otra identificación que acredita su minoría de edad. Esto contraviene la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que  ha prohibido esta práctica  a través de varias sentencias en las que concluye que menores con pasaporte no pueden ser considerados indocumentados. “Tenemos al menos 11 sentencias en esta línea”, afirma Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces, que presta apoyo a menores en riesgo de exclusión.

No obstante, el protocolo creado por el PP considera indocumentados a menores con identificación por el hecho de que se les haya practicado antes estas pruebas, ordenadas por la Fiscalía. “Lo que de ninguna manera entendemos es que a pesar de que se les documenta a través de sus embajadas y consulados, consiguen sus partidas de nacimiento y sus pasaportes, y a pesar de presentar certificados de los cónsules acreditando la veracidad, la Fiscalía realice estas pruebas, y siga priorizando sus resultados sobre los documentos”, insiste  Reyzábal.

En este sentido, desde la sociedad civil se ha reclamado al Gobierno que si un adolescente porta cualquier documentación que acredita de su edad expedida las autoridades de su país, nunca sea considerado indocumentado y, por tanto, no se inicie un procedimiento de determinación de la edad. En el caso de que no la lleve consigo, como ocurre en la mayoría de las ocasiones, han pedido que se hagan como último recurso y ante la “graves dudas” de que pueda ser mayor de edad por su apariencia física, tal y como recomendó el Comité de los Derechos del Niño. Desde Save the Children piden que vengan acompañadas de otro tipo de pruebas, como los informes psicológicos, según precisa su director general, Andrés Conde.

Técnicas con un amplio margen de error

Las pruebas médicas para averiguar si estos jóvenes son mayores de edad –radiografías de muñecas, exploración de genitales, entre otras– han sido cuestionadas, además, por su amplio margen de error. L a Defensoría del Pueblo ha criticado duramente estas técnicas porque “no se ajustan a las recomendaciones efectuadas por los expertos forenses” y cita una serie de irregularidades, como “la ausencia de una horquilla de edades entre las que deben hallarse los examinados o pruebas médicas insuficientes”.

“Tienen un margen de error de más o menos dos años”, sostiene Reyzábal. “Es decir, si una prueba concluye que tiene 18, puede tener o 16, o 20. Pero si la prueba da 18, la Fiscalía nunca fija la edad en 16, sino en 18″. La Fundación ha pedido al Gobierno que estos informes cumplan “con los estándares acordados por el Instituto de Medicina Legal, especialmente el establecimiento de una horquilla de edad de +/- 2 años, dado los altos márgenes de error”.

Pruebas intrusivas como “desnudos integrales”

Otro de los puntos que han despertado la preocupación de organismos internacionales como el Comité de Derechos del Niño es lo “intrusivas” que pueden llegar a ser estas pruebas para los menores.  Fundación Raíces ha acudido al Tribunal Constitucional por la vulneración de los derechos fundamentales de una niña, solicitante de asilo, que fue sometida a un “desnudo integral” como prueba para determinar su edad. Desde la ONU se ha reclamado que estos métodos sean respetuosos con los derechos de las personas. La Fundación pide prohibir las que “atentan contra la dignidad” de estos jóvenes, “como los desnudos integrales para la exploración de sus genitales, o la repetición” de pruebas radiológicas. “No hay diferencias entre una niña de 15, y otra 18, son pruebas denigrantes e invasivas”.

Sin asistencia letrada y resultados no recurribles

El protocolo del Ejecutivo popular no incluye, además, una de las principales exigencias de las ONG: la asistencia letrada para asesorar a los supuestos menores desde que entran en contacto con las autoridades. Tampoco durante el proceso para averiguar su edad. “No hay turno de oficio de abogados para ello. No puede depender de ONG tan pequeñas como la nuestra. Al niño se le lleva a hacer radiografía sin que un abogado pueda defender sus intereses, nos preocupe en la primera llegada, pero también posteriormente”, explica Reyzábal.

“Los menores tienen que tener un adulto que les asista y sea lo suficientemente neutral, una figura con conocimiento jurídico. El Ministerio Fiscal no lo es, actúa en defensa y acusación”, recalca Violeta Assiego  abogada e investigadora de la situación de la infancia vulnerable en España. La otra cara de la moneda es, apunta la presidenta de la Fundación Raíces, que el decreto en el que la Fiscalía considera que el joven es mayor de edad “no es recurrible”, por lo que exigen que se habilite esta posibilidad. Por otro lado, han reclamado que las pruebas sean ordenadas por un juez y no un fiscal.

Menores que se quedan en la calle en un “limbo”

Estas criticadas pruebas de identificación que les hacen mayores de edad tienen una consecuencia: estas personas son expulsadas del sistema de protección y muchas se quedan en la calle, desamparados, con documentación de menores. Es lo que las ONG denominan el “limbo social y jurídico”: ni pueden ejercer sus derechos como mayores de edad, ni como niños y adolescentes.

En el primer caso, porque el decreto solo tiene efecto para que esos niños no sean protegidos por el Estado, pero no para identificarles como adultos. Es decir, no pueden trabajar, ni alquilar una habitación, por ejemplo. También es el caso de los menores que son detenidos, encerrados en un CIE o deportados.

Pero estas personas tampoco pueden ejercer sus derechos como menores en su día a día en España. “Como su documentación es auténtica, el resto de administraciones españolas, a excepción de las entidades de tutela de las comunidades autónomas, les consideran menores de edad, por lo que se les va a requerir autorización del tutor para ejercitar cualquier derecho: educación, salud, etc.”, recalca Raíces.

Menores bloqueados en centros

El aumento de las llegadas de los menores que viajan solos y la falta de distribución por las distintas comunidades han provocado la saturación de centros de menores andaluces o de las ciudades autónomas fronterizas con Marruecos, donde las ONG han denunciado el hacinamiento al que son sometidos los MENAS. Para Reyzábal, los centros donde se les da la primera acogida para que no se queden en la calle “se convierten en un embudo” en el que “hay niños que entran pero no salen” en el periodo establecido, un máximo de tres meses.

Cuando dicen que están desbordados no es que haya una avalancha. Es que la acogida es máxima de tres meses y hay niños que ya no deberían estar allí, que se quedan seis o nueve meses enquistados porque no promueven los acogimientos familiares ni que vayan a pisos y los residencias infantiles como el resto de niños. Se han recortado estas plazas en el sistema de protección”, recalca.

“Acaban durmiendo en colchones, sentados en una silla, es la propia gestión del centro la que intenta que no entren. La directriz es: ‘Si no lo aguantas, ahí tienes la puerta’ y quedan en situación de desamparo, en la escolleras de Melilla, en los parques de Madrid”. Es el caso de La Purísima, el centro del que suelen escapar muchos de los menores migrantes que malviven en las calles de la ciudad autónoma con el objetivo de conseguir llegar a la Península.

La criticada atención en los centros

En su últimas recomendaciones, el Comité de Derechos de los Niños criticó “los niveles elevados de violencia, el carácter deficiente del trato y la protección que ofrecen los profesionales” en los centros de recepción para niños en Ceuta y Melilla, “así como la falta de un mecanismo de denuncia”, y pidió que las condiciones de estos centros sean adaptadas a sus necesidades, en la línea de lo que llevan años reclamando las ONG.

“La atención en los centros de protección debe ser de calidad”, esgrime Javier Martos, director ejecutivo de UNICEF Comité Español, quien ejemplifica medidas concretas como que los trabajadores del centro, como los vigilantes o asistentes sociales “tengan una mejor formación” para esta atención. Por su parte, Conde demanda que estos centros cuenten con mayores oportunidades educativas. “Para los mayores de 16, estas oportunidades son muy irregulares y muy poco útiles, tienen derecho a que les ofrezcamos un itinerario educativo”.

“Desigualdad” entre comunidades autónomas

Desde la ONU también se alertó de que los niveles de protección de los niños no acompañados son “insuficientes y desiguales” en las distintas comunidades autónomas,  lo que se traduce en diferencias de garantías para los menores en función del lugar donde sean recibidos. “Es fundamental establecer estándares comunes en los centros de protección. Ahora no los hay, cada comunidad lo decide, lo que provoca es una desigual atención: desde el número de niños a las oportunidades educativas. No son lo mismo las ciudades autónomas y Euskadi”, incide Conde. Esta diferencia de trato provoca, asegura, que los niños y adolescentes se marchen de a unas comunidades a otras lo que les “expone a riesgos enormes”.

Fallos en el registro

En la actualidad, hay en España 10.162 niños y adolescentes que llegaron solos, según las cifras que maneja Interior. El Gobierno ha abierto la puerta a una mejora del registro de menores no acompañados, ya que estos son registrados cuando llegan a una comunidad autónoma pero, cuando se desplazan a otra región, son añadidos de nuevo en el listado como casos nuevos. Es decir, las cifras oficiales en principio serían superiores al número real de niños y niñas solos acogidos en España.

“Nadie garantiza que no sea así”, sostiene Assiego. “Hay que registrarlos respetando su derecho a la intimidad pero asegurándose de que la información es rigurosa y que permita a los centros consultar su situación y facilitarles un acompañamiento individualizado”, añade la letrada. “No se les está registrando bien. Las edades son inventadas en las fronteras, la Policía escribe mal sus nombres y sus apellidos, lo que después causa muchos problemas”, sentencia Reyzábal.

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