Un menor marroquí llegado en patera a Lanzarote en diciembre pasado ha presentado una querella por prevaricación contra la fiscal de Extranjería de la provincia de Las Palmas, por decretar su condición de mayor de edad sin prueba alguna y haber provocado su detención en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Barranco Seco durante 21 días, con la consiguiente orden de expulsión contraviniendo la legislación española sobre menores.

Alejandro Arencibia, abogado del joven Othmane Touzilt, ha avanzado este miércoles en el programa Hoy por Hoy de la cadena Ser los pormenores de la querella presentada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra Teseida García, por el delito de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal y penado con inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete a diez años. El menor de edad reclama también 2.000 euros en concepto de responsabilidad civil por el tiempo que pasó en la antigua prisión provincial de Barranco Seco, con sus correspondientes intereses.

Del relato de los hechos realizado por el letrado se desprende que la fiscal mantuvo contra toda evidencia que Othmane era mayor de edad, en base a pruebas médicas insostenibles, desde que el 11 de enero pasado fuera detenido por la Policía en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, donde se recuperaba de graves heridas sufridas en el choque de una patera con una patrullera de la Guardia Civil en aguas de Lanzarote el 13 de diciembre anterior, y hasta su puesta en libertad por un juez de lo contencioso el 31 de enero, cuando por medio de la juez de control del CIE se demostró su minoría de edad.

El representante legal del menor, trasladado al Centro de Acogida de Menores Extranjeros (CAME) de Valsequillo, en Gran Canaria, desde febrero, explicó que el caso se enredó al ser internado el joven en el CIE y declarar días después a la juez de control, Victoria Rosell, que había nacido en 1996. Ese mismo 15 de enero, un informe forense arrojaba dudas sobre su mayoria de edad y se decantaba por la posibilidad de que Othmane estuviera diciendo la verdad y tuviera 17 años. Como consecuencia de ello, la juez del CIE decretó que no procedía su internamiento y la Fiscalía debía proceder para su protección.

A pesar de las dudas surgidas en torno a la edad del joven marroquí, la fiscal de Extranjería dictó al día siguiente un decreto declarando mayor de edad a Othmane, sostenido en una prueba ósea del detenido que vendría a demostrar que al menos tendría 19 años. La fiscal mantuvo su resolución frente a dos pruebas médicas contradictorias y la vaguedad de la radiología ósea encargada por el propio Ministerio Público, cuyo autor llegó a desdecirse, una semana más tarde, sobre los resultados de aquella prueba, alegando ante la juez de control del CIE que era probable que Othmane fuera menor de edad y tuviera 17 años.

Para el abogado de Othmane, la actitud de la fiscal de mantener como mayor de edad a un detenido con todos los indicios de ser un menor solo puede responder a los intentos de Teseida García de no ver corregido su primer decreto de mayoría de edad por el Juzgado de Control del CIE, en defensa de sus exclusivos intereses de carácter personal y social y profesional, debido a la repercusión que había tenido el caso del menor en todos los medios de comunicación de la isla. A su juicio, y así lo expone en la querella, hizo prevalecer sus propios intereses por una resolución inicial equivocada contra los intereses del menor.

Es más, la fiscal, cuando el joven marroquí llegó a aportar fotocopias de los documentos en los que figuraba su nacimiento en 1996, exigió traducciones del árabe y las validaciones correctas de esas partidas al menor y sus representantes legales, en vez de librar de oficio esas peticiones ante los indicios claros de que la minoría de edad pudiera ser real.

Sin embargo, la fiscal volvió a dictar un decreto, el 25 de enero, reafirmando era mayor de edad, a pesar de que el médico radiólogo de su prueba ósea había corregido su apreciación ante la juez de control del CIE, con quien la fiscal mantuvo una agria polémica en este caso.

Hasta el mismo 31 de enero, cuando ya las evidencias de la minoría de edad eran obvias al aportarse la partida de nacimiento original de Othmane, al tener conocimiento de esto la Fiscalía de Extranjería, su titular en Las Palmas se mantuvo en su posicionamiento inicial que ha llevado ahora a presentar esta querella por dictar resoluciones a sabiendas injustas.