Los trabajadores de los centros públicos que acogen a los niños en desamparo denuncian que carecen de los recursos más básicos como comida, productos de higiene o material escolar. Colectivos de extranjeros ayudan mediante colectas.
«No tenemos ni pan para hacer bocadillos a los niños». Las deudas de la Generalitat Valenciana están llevando al límite a los centros residenciales que se encargan de los menores que están bajo tutela del Consell. Se trata de niños que han tenido que ser apartados de sus familias biológicas porque éstas son conflictivas o atraviesan por un problema y hasta que la situación se normalice, o hasta que los menores alcanzan la mayoría de edad, residen bien en centros especiales o en familias de acogida.
La situación es tan extrema que la mayoría de estos centros, que se ocupan de unos 700 menores en la provincia, tienen que recurrir al Banco de Alimentos y a las donaciones de particulares para poder dar de comer o asear a los chavales. Así lo denunciaron ayer los integrantes de la recién creada Plataforma del Sector de Menores de la provincia de Alicante, integrada por profesionales que representan a todas las entidades del sector y que surge, según sus responsables, «frente al descomunal deterioro de las condiciones de atención impuesto por la Conselleria de Bienestar Social».
Anca Román, portavoz de la plataforma, trabaja en un centro de Altea y asegura que desde que comenzaron los impagos, su centro sale adelante «gracias a tres o cuatro grupos de extranjeros que viven en la zona y que casi a diario nos traen pan, agua, embutido, gel…». Una situación «que es idéntica a todos los centros de la provincia», señala Francisco Fidel Martínez, también portavoz de la plataforma. A nivel de ocio, tiempo libre y otras actividades necesarias para el desarrollo de estos niños «la reducción ha sido más que drástica«.
La situación se repite en el caso de las familias que tienen menores en acogida. «A ellos tampoco se les paga el dinero que corresponde por la manutención de estos niños y se ha dado el caso de menores que han tenido que volver a los centros porque las familias no se pueden hacer cargo de ellos».
Actualmente, Bienestar Social acumula retrasos con el sector «de hasta seis meses«, lo que según los trabajadores trae no sólo consecuencias materiales, como la falta de comida, productos de higiene o material escolar, sino también de funcionamiento de las plantillas. En el caso del acogimiento familiar, critican, se ha reducido plantilla de técnicos que se encargan de supervisar el desarrollo de estos menores, aumentado los ratios de niños por profesional. Así, «en un año se ha pasado de 22-24 casos por profesional hasta sobrepasar los 40». Para los responsables de esta plataforma, estos niños «han pasado de estar desamparados por sus familias a estarlo por parte de la Administración» y recuerdan que estos menores «tienen que ser una prioridad a la que la Generalitat está obligada por la Ley del Menor y no depender de si sobra dinero de otras partidas«.
Este periódico trató ayer sin éxito de conocer qué medidas piensa adoptar la Conselleria de Bienestar Social para paliar esta situación.
