En la actualidad, cerca de 215 millones de niños trabajan en el mundo, muchos de ellos a tiempo completo. Estos niños y niñas no van a la escuela y no tienen tiempo para jugar. Muchos no reciben alimentación ni cuidados apropiados. Se les niega la oportunidad de ser niños. Más de la mitad de estos niños están expuestos a las peores formas de trabajo infantil como trabajo en ambientes peligrosos, esclavitud, y otras formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas incluyendo el tráfico de drogas y prostitución, así como su participación involuntaria en los conflictos armados. En África subsahariana, aproximadamente 1 de cada 3 niños y niñas trabajan, lo que representa una cifra de 69 millones de menores de edad.

La Conferencia de Ámsterdam de 1997 sobre la lucha contra las formas más intolerables del trabajo infantil y la Conferencia Internacional de Oslo sobre el Trabajo Infantil de 1997, señalaron la atención a la urgente necesidad de una acción mundial concertada para poner fin al trabajo infantil, al instar a que se amplíe la recopilación de información, estadísticas e investigación empírica que ayudaría a informar esta acción.

En el mundo, un gran número de niños están involucrados en trabajo doméstico remunerado o no remunerado en el hogar de un tercero o empleador. Estos niños son particularmente vulnerables a la explotación. El trabajo que realizan a menudo está oculto a los ojos del público, ya que estos niños puede que se encuentren aislados o trabajen muy lejos del hogar familiar. Las historias de abuso de niños involucrados en trabajo doméstico son muy comunes.

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Las necesidades humanas son imprescindibles para el desarrollo pleno de las personas

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No son delincuentes ni peligrosos ni irrecuperables. La mayoría de los chavales que ingresan en centros de menores son víctimas de la injusticia social. Su realidad es diversa, como lo son los diferentes tipos de centros que existen. Hemos visitado un centro de protección de menores para conocer de primera mano su funcionamiento. Pero también para intentar buscar algunas respuestas. ¿Qué pasa antes? Y, sobre todo, ¿qué sucede después?

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Desembarco, en 2010, en Motril (Granada) de una patera con cinco bebés y tres mujeres embarazadas. / M. ZARZA

Es la prueba del nueve de que aquello que aparentaba ser inmigración irregular es, además, a veces, trata de seres humanos. En el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla se hicieron, en verano, las pruebas de ADN a un puñado de hombres y mujeres subsaharianos llegados recientemente con menores, en patera, a la ciudad.

“Había conductas que hacían sospechar a los trabajadores sociales porque los supuestos padres no se preocupaban por sus hijos”, explica Carlos Montero, director del CETI donde se hospedan actualmente cerca mil inmigrantes, el doble de su capacidad. Las pruebas han dado negativo. No son sus hijos.

Milagros Núñez, responsable del programa de atención de Cruz Roja a inmigrantes, también señala que sus voluntarios han observado a veces, en sus centros de acogida Andalucía, que “hay mujeres que no recuerdan cuanto tiempo amamantaron a su hijo, cuando le salió el primer diente y hasta les da asco cambiar el pañal”.

A los que en Melilla se sometieron a la prueba de paternidad y el resultado fue negativo se les retiró a los niños que ingresaron en centros de menores dependientes de la ciudad autónoma. “Esa separación no provocó aparentemente dolor”, según Montero.

Falsos progenitores  subsaharianos logran niños para evitar que les expulsen

“Algún falso padre incluso se adelantó y nos confesó que el hijo no era suyo”, recuerda Montero. Los que rechazaron hacerse el examen genético son ahora vigilados más de cerca por el personal del CETI.

¿Cómo llegaron esos críos, generalmente muy pequeños a manos de los falsos padres? “Ellos nos dicen que se les encontraron en el camino hacia Melilla; que estaban abandonados y les recogieron”, señala Montero. “No sabemos la verdad ni tampoco donde están los padres biológicos”, prosigue. “Hay mucho que investigar”, asevera. Se cree que han podido ser robados, “alquilados” o secuestrados.

Entrar en Melilla con un menor era hasta ahora una garantía de dar rápidamente el salto —la duración media de estancia en el CETI es de un año— a la Península y hasta de no ser expulsado de España. “Era casi un pasaporte”, comenta un inspector de policía que pide que no se publique su nombre.

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