Foto: Un demandante de asilo, en el albergue vallecano donde vive. / CRISTÓBAL MANUEL
Las solicitudes de asilo han disminuido en España en un 65% desde 2001
Cada día, miles de personas salen de su país aterradas y dejan todo atrás. Necesitan cobijo porque su vida corre peligro. Demandan asilo. El número de solicitudes de protección internacional ha disminuido en España en un 65% respecto a 2001. Cada vez hay más controles, por lo que es más difícil llegar a la frontera. El año pasado, 2.588 inmigrantes pidieron ser acogidos, un 24,37% menos que en 2011, pero el Ministerio del Interior solo resolvió 230 a favor. «Las cifras demuestran que aquí los estándares son mucho más restrictivos que en el resto de la Unión Europea», relata Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la principal ONG del sector, que lleva 35 años atendiendo a esta población a lo largo de todo el país. La organización no pasará de septiembre si las Administraciones no saldan el millón de euros que le adeudan.
Ahmed Yaffa prefiere no dar su apellido. Tiene 29 años y aterrizó en el aeropuerto de Barajas en 2009 procedente de Siria. Allí había llegado un año antes desde Gaza. Había huido ante el peligro que corrían los palestinos en general —»en esas fechas los israelitas mataron a 1.500 personas», cuenta— y él en particular. Defensor de los derechos de su pueblo y muy crítico con la autoridad palestina, había sido detenido hasta siete veces «por ambas partes», recuerda Ahmed. Así que consiguió un visado para hacer escala en Madrid de camino a Cuba y, nada más pisar España, pidió protección internacional. Sabe que ha tenido suerte: en solo siete meses le fue concedido el asilo.
Durante el proceso, los solicitantes han de ser atendidos por un abogado. CEAR asesora legalmente de forma gratuita a unas 7.000 personas cada año. Además, cuenta con 300 plazas de acogida que reciben anualmente a más de 700 refugiados. La organización también promueve su integración social para garantizar una vida autónoma a unos 15.000 inmigrantes al año. «Yo creo que el 90% de quienes pedimos protección internacional en España tenemos algún tipo de contacto con CEAR: sus trabajadores nos dan clases de español, nos ayudan a buscar trabajo, nos asisten psicológicamente…», señala Ahmed Yaffa. Todo eso está en peligro. Fuentes de ACNUR consideran que la desaparición de esta ONG generaría un vacío «muy difícil de cubrir». Galán, secretaria general de la organización, se manifiesta en la misma línea y asegura que el cierre, además de poner a sus 148 trabajadores en la calle, supondría un «verdadero drama social».
Para evitar que esto suceda, Galán reclama 1.100.000 euros en subvenciones a las Administraciones. Según explica, hay deuda acumulada incluso desde 2009 y los más morosos son el Ayuntamiento de Madrid (270.000 euros), la Generalitat Valenciana (100.360) y el Gobierno canario (100.000 euros). Galán defiende que es preciso cambiar el modelo e incluir a las ONG en el plan de pago a proveedores impulsado por el Ejecutivo. «Estamos desempeñando servicios sociales que deberían ser públicos. Además, somos la única organización en nuestro país que recurre a organismos europeos para denunciar violaciones de la protección internacional», añade.
[Leer más]
